
En teoría, no suena diferente a lo que en los últimos años ha venido sonando. El problema, son las implicaciones que esta nueva ley conlleva.
De un plumazo, “Se pone fin a toda demanda presentada ante el ministro en el marco del programa regular de trabajadores calificados antes del 2 de agosto de 2018”. En otras palabras, ¡se anularán todas las solicitudes realizadas previamente a la fecha supramencionada!